Inicio esta entrega con los comentarios emitidos en mi artículo titulado
La justicia Dominicana
(Un bien que se compra y se vende)
“Es penoso tener que decir que vivimos en un país donde la justicia se cubre la cara a medias; se destapa un ojo para apreciar a quien favorece, y esto acorde con algunos parámetros establecidos por sus administradores. Entre dichos parámetros podemos citar como principales:
.- Que el justiciable sea pariente o relacionado de un funcionario político de turno;
.- Que el justiciable pueda pagar altas sumas en sobornos;
.- Que el justiciable sea oficial de las fuerzas armadas o la policía nacional y/o pariente o relacionado de uno de estos.”
Y agrego ahora que el justiciable pertenezca a las filas del partido de turno.
El problema del latifundio, los minifundios y los sin tierra, aun no ha sido superado como algunos tienen por creencia, sino que se profundiza y agrava cada vez más, amenazando incluso con afectar los predios y terrenos con cultura turística y forestal.
Aun tenemos cientos de miles de familias pobres que no saben lo que es la tenencia de una propiedad, familias que tienen la tierra y no hacen nada con ella y bandas de invasores, falsificadores de títulos de propiedad y actos civiles que buscan su espacio en los partidos con más posibilidades de convertirse en gobierno a los fines de realizar sus malas practicas con apoyo gubernamental.
La verdad es que el problema de la propiedad inmobiliaria en República Dominicana no se resolverá hasta tanto no ascienda al poder un a persona con voluntad suficiente como para querer servir al pueblo y muy específicamente a los más pobres. Necesitamos una legislación en tierra que favorezca a los más pobres, que salvaguarde el derecho adquirido, pero que equilibre y regule la tenencia.
Es que no se puede permitir que unos pocos sean los dueños de toda la tierra, mientras que millones vian en las calles y no tengan mínimamente donde construir un techo o donde cultivar una pequeña huerta.
Es un hecho comprobado que la gran mayoría de terratenientes e inmobiliarias han obtenido sus posesiones en base al fraude, las falsificaciones y el engaño, cosas que quedan en la impunidad por el hecho que hemos citado de que los invasores, falsificadores y terratenientes de poder se han infiltrado en los partidos y que muchas veces hacen lo que hacen con apoyo y conocimiento de los presidentes y presidenciables.
Quién no ha escuchado los rumores de que Felucho Jimenez, por ejemplo, utiliza como testaferro a una tal Margarita Lebrón para realizar desalojos ilegales y apropiarse de terrenos de sucesores y de tierras del CEA que le son atractivas para hacer negocios por medio de una empresa a la que llama INMOBILIA?
Esta Margarita Lebrón, acompañada de un equipo de cómplices del Banco de Reservas hace unos tres(3) años desalojaron cientos de familias de unos terrenos propiedad del CEA dentro del ámbito de la P.N. 9 del D.C. 19 sin ningún documento que justificase tales acciones, puesto que lo que portaba era un acto de venta del CEA en otros terrenos próximos a Higüero Alto y el aeropuerto de Higüero, todo esto porque a quien le maneja le pareció que esos terrenos tienen que ser de su propiedad.
De este caso tiene conocimiento LEONEL FERNANDEZ, que lo único que ha hecho es producir desde palacio un oficio ordenándole a los mismos ladrones, vándalos y estafadores que él sabe que tiene en el CEA, investigar la situación. Situaciones como estas son las que provocan los asesinatos, la desesperación, los atracos y las revueltas de las masas, pero esto que les importa a los malditos políticos del PLD! Lo peor es que amenazan con quedarse!
Ahora tenemos más avances tecnológicos y mejores instrumentos que podemos usar tanto para ubicar, como para medir, como para sanear, como para determinar el tipo de terrenos y sus usos, pero tambien tenemos nuevos y modernos tipos de mafias que se dedican a la caza de incautos para quitarles sus propiedades ante la vista indolente de políticos que esperan solo le den su parte de cada botín.
A continuación me permito presentar de forma literal algunos casos de desalojos que se han realizado en Nuestra gloriosa Res(vaca) Pública Dominicana, incluyendo algunos comentarios al mejor estilo de los dominicanos:
Cientos de familias al intemperie en Villa Mella; tras desalojo arbitrario
Publicado por Noticias SIN en julio 1, 2011 9 Comentarios
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Más de mil familias del sector de Punta de Villa Mella en Santo Domingo Norte fueron desalojadas de forma arbitraria, debido aun conflicto familiar por los terrenos.
Arelis Peguero, madre de cinco hijos, vive un drama y la frustración desde que la fuerza de una pala mecánica destrozara su humilde casucha.
Un contingente policial adjunto de un alguacil ejecutó el desalojo sin previo aviso.
Los afectados dicen que tenían más de tres años habitando en los terrenos, que según las autoridades es objeto de un conflicto familiar.
Las casas fueron convertidas en escombros. Los afectados acusan Abraham Herrera del ordenar tumbar las casuchas.
Con sus documentos en manos, los afectados aseguran que compraron solares entre 35 y 100 mil pesos.
Ahora esperan la reacción de las autoridades para que vayan en su auxilio, según ellos sus derechos fueron violados.
9 Respuestas sobre “Cientos de familias al intemperie en Villa Mella; tras desalojo arbitrario”
1.
MAURICIO MENDEZ R.
En la Republica Domncana, los dueño de todos son los diregentes de los comite, central y ejecutivo de los tres partidos, PRD, PLD, PRSC. ConseJo Patriotico todo los que no pertenecemo a eso gruspo de ladrones,pensemos en la union, enjemplo : GUILLERMO MORENO
2.
Marilyn
Lamentablemente en el mundo hay muchas personas que solo piensan en los vienes materiales y no en que somos todos hijos de dios y que antes de tomar una desicion tan fuerte como desalojar familias sin previo aviso eso es no tener corazon no tener empatia no tener moral, yo me siento muy triste por mi hermana ARELIS PEGUERO tengo el corazon destrozado en dos con eso que hicieron y no solo por ella tambine por las demas familias que estan pasando por la misma situacion, pero yo espero que la justicia divina le cobre esta maldad que dios se apiade de esa sin corazon.
att: MARILYN PEGUERO hermana de una de las afectadas.
3.
lili4 julio, 2011
KE PENA,,,,, HAY KE TENER KUIDADO DONDE SE KOMPRA Y SE FABRIKA POR KE ESTAN AKABANDO KON NOTROS LOS POBRE
4.
Alejandro Martes2 julio, 2011
¡La democracia de los discípulos de Juan Bosch: Leonel y Danilo o serán los discípulos de Balaguer!
5.
jose2 julio, 2011
MIREN SEÑORES, antes de decir que eso es abuso, ponganse en mi zapato, mi padre con mucho esfuezos compro un solar con titulo por esos predio en los años 80s, y miren a finales de los 90s, invadieron todos esos predios incluyendo el nuestro, y miren de ahi en adelante PAPA, NO HA SIDO HOMBRE MASNUNCA DE TAN GRANDE EL IMPACTO Y LA PERDIDAS DE SUS AHORROS, señores que derecho tienes una persona sobre un inmueble que le cuesta 5 y 6 mil pesitos, sin documentos, comprado a 3ros, (invasore), que derecho estan reclamando COÑO, y el derecho que se le viola al que da gran cantidad de dinero comprndo una cosa legal coñazo JUMM
6.
ana1 julio, 2011
esos abusos de poder y arbitrariedades apoyadas por algunos miembros de la policía nacional se ven en nuestro país a diario y las autoridades cruzadas de brazos. ¿Cómo es posible que derriben esas casas aun no tengan titulo de propiedad, sin previo aviso, delante de sus hijos y destruyendo todo a su paso como los amos y señores del mundo. espero que las autoridades no solo se pronuncien sino que actúen. no importa cuantas ordenes de desalojo tengan ni cuantos títulos tengan no podían actuar de esa manera aunque lo autorizara un rey supremo. En este país no hay empatía nadie se pone en el lugar del otro. que tal si fuera uno de los alguaciles o de los mismos policias los que al amanecer le derriben su casa con sus hijos dentro y le destruyan todas sus ajuares.
bernardo moya2 julio, 2011
ustedes no quieren leonel cojan leonel. y partido de la liberacion dominicana.
desde ace mucho tienpo savenmos todos q este partudo es de solo un grupo y goviernan para ellos solos por eso son los come solo saquemoslo de hay q con ellos no tiene el pais salida alguna
cean cojido todo para ellos y es el govierno q mas personas an matado………. eso no es nada esperen el fuetaso del leon. solo no salva una rebuelta social
cuando los dominicanos nos pongamos los pantalones..,,, pork alparecer tenemos fardas
Abogado del Estado y banda de invasores realizan desalojo ilegal en Villa Mella
El Dr. Fermín Casilla, Abogado del Estado en complicidad con el Sr. Ciprián Díaz Betances Realizaron un desalojo a todas luces ilegal en la calle Los Restauradores a escasa distancia de la entrada Sur el Multicentro La Sirena. Se trata de un terreno ubicado dentro del ámbito de P.N. 53 del D.C. 18 qu e supuestamente el Sr, Ciprián obtuvo mediante la compra de una supuesta hipoteca realizada por desconocidos.
Nuevamente pudimos observar una de las tantas acciones ilegales que una banda bajo el ámparo del gobierno y autoridades peledeista acostumbran a realizar, como tambien es el caso de una Señora de apellido Lebron, que se dice es amante de Felucho Jimenez, hizo con humildes ocupantes de una porción de la P.N. 9 del D.C. 19, con la justificación de una carta constancia que real y específicamente situa sus derechos en otros terrenos.
Una practica que sentó precedentes cuando familiares del Sr, Procurador de medio ambiente de este gobierno y una turba que según el Sr. Juan de Diós Peralta Otaño apoyaba su compadre el Sr, Perfecto Acosta Destruyeron sin misericordia y con toda una familia dentro la vivienda de la familia Reyes Chevalier en Marañon II hace aproximadamente unos 5 años.
Es un hecho que el gobierno peledeista es manejado por una banda de invasores expertos que ahora se estan desesperando por que saben que el pueblo los quiere fuera del poder y se prepara para hecharlos de ah;i el 20 de mayo de este año.
El abogado, Ramón Arturo Heredia, defensor de los desalojados asegura que procederá a demandar los responsables de este hecho, en razón de que el desalojo fue realizado en día y horario no previsto por la ley y sin previa notificación a los desalojados, siendo lo más sorprendente que a pesar de que una juéz del TST se pronunció en contra de tal medida, el Sr. Abogado del Estado mantiene allí unos treinta militares al servicio del TST y hasta todavía las 10 de la noche de este miércoles 15 de Febrero una brigada de hombres sube un muro de blokes varilla y cemento en el terreno en conflicto a pesar de la ordenaza de la juez para que se detenga allí todo tipo de construcción.
CEA acusa IAD de repartir certificados sin validez
http://enteraterd.com/page/2012/02/14/cea-acusa-iad-de-repartir-certificados-sin-validez/
SANTO DOMINGO. El director del Consejo Estatal del Azúcar, Enrique Martínez, acusó ayer al Instituto Agrario Dominicano (IAD) de hacer repartos de “certificaditos” de título que no tienen ninguna validez. Martínez, incluso, restó calidad a la referida entidad para repartir tierras que, dice, son propiedad del CEA, a través de los proyectos de reforma agraria, y los cuales, indicó, no han sido coordinados entre ambas instancias estatales, o por lo menos, no con él.
El director del CEA respondió así al ser cuestionado sobre el desalojo que hizo esa entidad contra un grupo de campesinos en la comunidad de Don Juan, Monte Plata, de unas tierras que les habría repartido el IAD y cuyo director, el ingeniero Juan Rodríguez, defiende, asegurando que tiene los certificados de propiedad.
“El IAD no es verdad que tenga certificado de títulos de esos terrenos, pues esas tierras fueron vendidas y recuperadas por el CEA en el Congreso”, indicó Martínez que, aunque desconoce si hubo algún traspaso en la pasada administración, asegura que hasta el momento no ha encontrado ninguna documentación que diga que lo hubo.
Acusó, además, a la dirección del IAD de estar siempre repartiendo terrenos que no son de ellos, sino del CEA, lo que dijo ha ocurrido tanto en Monte Plata, como en San Pedro, La Romana y El Seibo.
No obstante, Juan Rodríguez, insistió en que posee la documentación que avala la propiedad de los terrenos, la cual remitiría a la dirección del CEA, y entre la cual se incluye, además del certificado de título, el decreto presidencial que ordena el traspaso, según dijo.
Según Enrique Martínez, “es costumbre y norma del IAD el estar repartiendo terrenos del CEA”, y en tal sentido llama a su dirección a respetar dichas tierras.
“Nosotros creemos que el IAD tiene que respetar el patrimonio del CEA, eso es fundamental. Que el director del IAD, sepa que no puede disponer del patrimonio del CEA”, reiteró. Insistió en que hará todo lo que sea posible para mantener los terrenos del CEA bajo su dominio, y como su patrimonio.
José Coronado, presidente de la Confederación de Agrupaciones de Campesinos dominicanos, una de las organizaciones a las que pertenecen los alrededor de 150 campesinos desalojados, dijo estar a la espera de un acuerdo entre el CEA y el IAD, pero que de no darse, ellos no se quedarán de brazos cruzados y saldrán a las calles a defenderse. Mientras el director del CEA aseguró que dichos terrenos fueron arrendados a un grupo de 25 piñeros de Monte Plata, los cuales estarían presionando para que le entreguen las tierras y se les cumpla su contrato.
Las fricciones por reparto de tierras del CEA
http://www.diariolibre.com/ecos/2011/12/16/i317131_index.html
La venta de terrenos del CEA crea fricción entre Inazúcar y Hacienda, mientras compradores aseguran que tienen que pagar sobornos a funcionarios del CEA para comprar las tierras. Los campesinos, a su vez, dicen que se ofertan a privilegiados "a precio de vaca muerta".
La región Este del país, codiciada por su potencial turístico, arrastra desde hace tiempo las consecuencias de una distribución irregular de las tierras, que se manifiesta en constantes demandas judiciales y en enfrentamientos personales que han terminado con la vida de varias personas.
En la actualidad, la zona está enfrascada en el detonante que se origina por las ventas y/o arrendamientos que hace el Estado, a través de Consejo Estatal del Azúcar (CEA), y que las comunidades califican de injustas y parcializadas, y denuncian que se hacen para favorecer a grupos empresariales y sectores ligados al oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Los enfrentamientos han traspasado el ámbito comunitario y se evidencia entre instancias estatales. Una carta del ex director ejecutivo del Instituto Azucarero Dominicano (Inazúcar), Faustino Jiménez, al vice ministro de Hacienda, Julio Fernández Javier, muestra las fricciones entre las entes gubernamentales. En la misiva fechada en junio pasado, Jiménez cuestiona las críticas formuladas por Fernández Javier a la postura del Inazúcar durante una sesión del Consejo de Directores del CEA, y le hace algunas precisiones. "Si mal no recuerdo, entendemos que fue la primera ocasión en la que asiste usted a ese Consejo... por lo tanto, su papel en ese organismo no es el de criticar posiciones de uno u otro miembro; sobre todo cuando las mismas están sustentadas en la defensa del patrimonio del CEA. Y menos aún, cuando usted no sabe ni conoce en qué terreno se está moviendo".
Jiménez, destituido del cargo dos meses después de la carta, agrega que "habría sido mucho más conveniente para usted mismo, y para el Señor Ministro que representa, el que se dedique a estudiar lo que está pasando alrededor del patrimonio del CEA y de manera muy especial lo que había estado sucediendo previamente con el "Contrato de Arrendamiento" entre el Consejo Estatal del Azúcar y la "empresa" INVERSIONES NACARIS S.R.L. Ese contrato llega al Consejo precedido de acciones inaceptables por un organismo que se respete y que tenga por norma la transparencia en sus decisiones y la defensa del patrimonio de la entidad que dirige". Jiménez duró unos once años al frente del Inazúcar.
El conflicto por el supuesto arrendamiento de parte del pasado director del CEA, Frank Matos, de las mismas zonas cañeras a grupos empresariales distintos, incluidos Inversiones Nacaris y Azucarera Porvenir, está en la actualidad dilucidándose en los tribunales, pero mientras, las comunidades de los bateyes próximos a los terrenos ubicados en San Pedro, Hato Mayor y El Seibo sufren las consecuencias.
"Esto nos afecta a nosotros porque no estamos trabajando... Los que están con los españoles (Azucarera Porvenir) no pueden trabajar", comenta el agricultor Héctor Ramírez Mercedes, residente en Haití Mejía, en San Pedro.
A él le hirieron un hermano cuando el pasado 17 de julio se produjo un enfrentamiento entre personas que trabajaban en unos terrenos y unos guardias que intentaban impedírselo. En el suceso murieron Alexis Cayetano, de 45 años, y el sargento de la Policía Nacional. Orlando de los Santos, y dos personas más resultaron heridas de bala. Desde entonces, la comunidad, igual que otros bateyes aledaños, se mantiene militarizada y los campesinos atemorizados.
"La situación es que esta mañana íbamos a bombear y los militares tenían orden de que no entrara el camión de los españoles con el gasoil, pero después vino el jefe de ellos y lo dejaron entrar. Ayer estaban limpiando el frente (de las casas) y dieron orden de que no se recogiera la basura, y creo que es una gran cosa limpiar el batey, pues esa basura no es de nadie", cuenta Porfirio Santana, quien dice ser el Superintendente de la Colonia, en Mata de Palma.
"Ese gasoil viene de Azucarera Porvenir, pero no importa de dónde venga, eso es para sacar el agua de la comunidad", se queja Cristino de la Rosa, que además hace un llamado a su partido, el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), pues asegura que el comité de base que preside, se está "yendo abajo" y perdiendo simpatizantes, por el conflicto. En los bateyes Margarita, Euskarduna, Cañada de Agua, AB4, las denuncias son similares.
Venta, invasión y Sobornos
En la localidad de Magarín, entre Hato Mayor y El Seibo, los problemas se originan por las ventas e invasiones de los terrenos. Domingo Laureano preside la Asociación de Campesinos Emiliano Rodríguez, compuesta -según dice- de unos 300 miembros.
Entre ellos decidieron invadir unas 4 mil tareas de tierras, de un total de 9 mil que tiene el CEA en Magarín, y que las estaría vendiendo a precios subvaluados a personas ligadas al Gobierno. Justifica la invasión en que la misma procura impedir que dejen a los campesinos sin un pedazo de tierra para cultivo.
De los compradores, Laureano menciona varios nombres, entre los que destacan el de José Romero, que habría revendido a un coronel de nombre Joel Santana. También a Víctor Papaterra, entre otros, que aseguran adquirieron la tierra a precio de vaca muerta, a razón de RD$1,500 y RD$2,000 la tarea (unos RD$3 el metro) que estima vale más de RD$20 mil.
Uno de los nuevos adquirentes aceptó hablar con DL con la promesa de que "no menciones mi nombre, que empiezan esa gente ´a joder la pita". Asegura que compró las tierras a razón de RD$8 mil la tarea (unos RD$12 el metro), hace como un año y que antes y después de él muchos más han comprado en el lugar pedazos de 200 y 300 tareas. "Dijeron que están vendiendo, apliqué y compré. Tú sabes, que hay que pagar su peaje, si no es así, no entra. Eso es así..."
Él acaba de recibir una carta fechada del 23-11-2011 con la que el CEA le pide pasar por la Dirección de Ganadería y Bueyada (Ceagana) con la documentación que le acredite la posesión de los terrenos. Dicha carta se está enviando a personas que tienen tierras en cantidades mayores a la que habrían comprado al CEA, o aquellos de los que no se tienen claras las transacciones, según informó un empleado de la entidad. Pero para el comprador que habló con DL, las razones son otras. "Lo piden porque esos directores empezaron nuevos. Para ver los papeles y también para sacarle cuarto a uno, y por mí que se lo cojan, porque yo no tengo un peso más para darle, yo he gastado mucho dinero con esa gente".
En San Pedro, el conflicto es por las tierras urbanas del Ingenio Porvenir que, según Danny Sánchez, abogado, sólo ha beneficiado a los funcionarios del Gobierno.
Juan Bautista Martínez, presidente de la Junta de Vecinos Esfuerzo y Voluntad del barrio 30 de Mayo de Porvenir, muestra las tierras delimitadas por empalizadas y muros de concreto, donde antes funcionaba el área de Transportación del ingenio y por la que la comunidad lleva años luchando porque se les entreguen para construir allí una escuela y un centro tecnológico, que supuestamente ya están aprobados por el Ministerio de Educación y el Despacho de la Primera Dama.
No obstante, ve con indignación que en ese mismo lugar ya marcaron sus pedazos, según señala "José Domínguez, administrador del Ingenio Porvenir por El CEA; Carlos López, subdirector de los comedores económicos, los hijos del diputado Leoncio Sandoval, y personas muy allegadas al doctor Mariano Morla, que era el encargado de inmobiliaria del CEA, y allegados a Raúl Custodio".
La jueza suplente de la Jurisdicción Inmobiliaria de San Pedro de Macorís, Keila González, dice que ahí los conflictos son por tierras del CEA.
Conflictos legales creados por autoridades del CEA dejan un gran impacto humano
SAN PEDRO DE MACORÍS, República Dominicana.-El pasado director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) provocó un serio conflicto legal y económico al arrendar los mismos terrenos a tres empresas distintas: Constructora Castelar, Azucarera Porvenir e Inversiones Nacari S.R.L.
La Constructora Catelar es propiedad del consorcio Vicini-Campollo; Azucarera Porvenir es propiedad de inversionistas españoles y la empresa Inversiones Nacari S.R.L es atribuida a la familia Hazim Frappier, de San Pedro de Macorís, pero representada por terceras personas.
Reporteros de Acento.com.do intentaron comunicarse con el ex senador para obtener su punto de vista, pero no fue posible. De igual manera, los abogados representantes del consorcio Vicini-Campollo no respondieron a la solicitud de una entrevista.
La disputa de los distintos grupos económicos supone además un lesivo impacto para varias comunidades y cientos de obreros que trabajan al servicio de los distintos arrendatarios.
Todo empezó el 22 de septiembre de 2010, cuando un grupo de inversionistas españoles adquirió en arrendamiento los terrenos del histórico Ingenio Porvenir, en San Pedro de Macorís, con el compromiso de pagar una renta fija anual de un millón de dólares y otra equivalente al 2% de sus ganancias con cada zafra.
Para entonces los nuevos inversionistas, representados por Joaquín Francisco Martín Montero, no se imaginaban que la Azucarera Porvenir, la empresa a través de la cual solicitaron el arrendamiento, tendría una presencia constante en los medios de comunicación por razones muy distintas a las que ellos hubieran deseado.
El 21 de octubre, el CEA, que entonces era dirigido por Juan Francisco Matos (Frank Matos), cedió unas 300 mil tareas en arrendamiento al grupo Vicini-Campollo en ingenios contiguos, sin dejar claro cuáles son los linderos que corresponden a cada arrendatario, y sin que ese consorcio dominicano supiera que ya se había arrendado una parte importante de esos terrenos a los inversionistas españoles.
Los inversionistas españoles empezaron a cultivar caña incluso antes de que el CEA midiera el área que les correspondía y asumiendo que los terrenos del desaparecido Ingenio Santa Fe quedaban bajo su administración.
Estos empresarios han citado tres argumentos fundamentales para explicar esta actuación: primero, que en la práctica y la costumbre estas tierras habían pasado al Ingenio Porvenir desde que el Ingenio Santa Fe dejó de moler; segundo, que el terreno del ingenio Porvenir –sin incluir las tierras que pertenecían a Santa Fe- resultaba inferior al que habían adquirido en arrendamiento puesto que el ingenio tiene 165 mil 400 tareas y 80 mil de éstas pertenecen a colonos; y, por último, que tomaron posesión estrictamente de las tierras que el CEA les entregara en los planos.
Aunque Juan Francisco Matos ha afirmado que el terreno arrendado a estos inversionistas pertenece únicamente al ingenio Porvenir, existen documentos que contradicen su posición. Por ejemplo, en una conferencia dictada en agosto de 2010, Faustino Jiménez, entonces director del Instituto Nacional Azucarero (INAZUCAR) y miembro del Consejo de Directores del CEA cuando se produjo el acuerdo, indicó que la Azucarera Porvenir sería arrendataria de terreno tanto en el ingenio del mismo nombre con en el Santa Fe.
En dicho documento también se hace referencia a que luego de que fue firmado el contrato con los inversionistas españoles, el mismo Consejo de Directores del CEA les otorgó 10 mil tareas más con las mismas condiciones que las primeras cien mil, de modo que, en total, serían arrendatarios de 110 mil tareas.
“Este grupo (Vicini-Campollo) obtuvo en arrendamiento unas 300 mil tareas pertenecientes a los ingenios Consuelo y Quisqueya por un período de 30 años y por lo cual le pagarán al Estado anualmente y durante ese período 2.4 millones de dólares para elevarse durante el período de arrendamiento a 72.0 millones de dólares. El segundo grupo, de capital español (..) adquirió 110 mil tareas cultivadas de caña de los ingenios Porvenir y Santa Fe y la primera central para la producción de azúcar”, explicaba el técnico en una conferencia en la que felicitaba la decisión del presidente Leonel Fernández de arrendar esos terrenos cañeros, porque, a su juicio, “se habían convertido en una especie de piñata muy codiciada y de la cual todo el mundo quería coger un pedazo”.
Pese a las afirmaciones de Jiménez, el contrato del CEA con el grupo Vicini-Campollo, que tampoco contempló los límites precisos de las tierras concedidas, hizo referencia clara a que, además de los ingenios Quisqueya y Consuelo, otorgaba en arrendamiento el Ingenio Santa Fe.
Desde entonces, el conflicto no ha cesado. Los Vicini-Campollo a través de la empresa arrendataria, la Constructora Castelar, solicitaron en el Juzgado de Primera Instancia de San Pedro de Macorís la emisión de una orden de desalojo contra Azucarera Porvenir; pero el pasado 29 de abril el juez Luis Alberto Adames Mejía emitió una sentencia rechazando la demanda bajo el argumento de que en ninguno de los dos contratos quedaban establecidos los límites de los territorios arrendados, lo que indica que el entonces director del CEA, Frank Matos, al conceder a diversas partes el arrendamiento sin definir con claridad los límites, había provocado un grave problema legal.
El fallo, literalmente, estableció que “los derechos que alega la demandante (Constructora Castelar) sobre los terrenos demandados están en discusión, ya que tanto ella como la demandada (Azucarera Porvenir) son arrendatarias formales del Estado Dominicano y del Consejo Estatal del Azúcar, sin que estos últimos hayan podido delimitar en esta instancia el alcance de los respectivos contratos de arrendamiento, a pesar de que han intervenido en el proceso (de la demanda)”.
El fallo, literalmente, estableció que “los derechos que alega la demandante (Constructora Castelar) sobre los terrenos demandados están en discusión, ya que tanto ella como la demandada (Azucarera Porvenir) son arrendatarias formales del Estado Dominicano y del Consejo Estatal del Azúcar, sin que estos últimos hayan podido delimitar en esta instancia el alcance de los respectivos contratos de arrendamiento, a pesar de que han intervenido en el proceso (de la demanda)”.
El tribunal se declaró incompetente para ordenar el desalojo de las tierras presuntamente ocupadas por Azucarera Porvenir alegando que ninguna de las partes podía probar cuál porción de terreno le correspondía exactamente.
Por su parte el CEA, representado en el proceso, se había limitado a dejar a cargo del tribunal el litigio que su propio director había provocado.
Públicamente esta institución estatal ha responsabilizado a Azucarera Porvenir de estar en terrenos que no les corresponden, dándole la razón al grupo Vicini-Campollo, pero sin haber sido capaz de aclarar qué cantidad de tierra, y dónde está ubicada, les corresponden a las partes enfrentadas.
Pero esto no es todo. Después de haber cedido el mismo territorio a dos empresas, el CEA hizo negociaciones con un tercer arrendatario: Inversiones Nacari, una empresa representada legalmente por Nathalia Ramos Mejía, pero que, según fuentes del propio emporio estatal y de personas allegadas al sector azucarero, es propiedad del dirigente político reformista José Hazim Frappier, de San Pedro de Macorís. Acento.com.do intentó confirmar este dato, pero desde las oficinas del ex senador no hubo respuesta.
A través de un contrato fechado el 16 de noviembre de 2010 a esta empresa le fueron otorgadas 22 mil tareas ubicadas en las colonias Consuelito, Jalonga, Paraiso II, Basca y Victoria, de los ingenios Porvenir y Santa Fe, de modo que en este caso también se trata de tierras que fueron arrendadas previamente a Azucarera Porvenir, sino en su totalidad, al menos en una parte.
Según ha testificó Joaquín Francisco Martín Montero, el empresario español que está al frente de Azucarera Porvenir, los Vicini-Campollo tienen en su poder cerca del 50% de los terrenos arrendados a él y, con los que reclama ahora Inversiones Nacari, su contrato quedaría prácticamente erradicado.
“Entre los (terrenos) que Constructora Castelar reclama. Así como Nacari, quedaría sin objeto el contrato de Azucarera Porvenir, pues me lo quitan todo”, afirmó durante el proceso judicial conocido en el juzgado de primera instancia de San Pedro.
El abogado José Guzmán, representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en El Seybo y activista por los derechos de los campesinos de la región Este, explica que todas las irregularidades señaladas anteriormente se suma el hecho de que los arrendamientos se produjeron en violación a la Ley 141-97, sobre la Reforma de la Empresa Pública.
“La llamada Ley de Capitalización dice claramente que estos bienes debieron ser arrendados luego de hacer un concurso, pero el proceso se hizo grado a grado”, detalla.
El activista sostiene que el desastre ocasionado por el CEA es un “latrocinio” y el resultado de la complicidad de las autoridades de ese organismo con algunos empresarios.
Un gran impacto sobre la población vulnerable
Por desgracia, este conflicto no se limita a un problema legal. En los campos de caña y en los caminos vecinales de los bateyes involucrados se ha gestado una situación de un impacto mucho mayor, pues afecta justamente a los obreros, los más vulnerables del negocio cañero.
En pocos meses el ambiente se ha cargado de sangre, luto y terror en las pequeñas comunidades de las zonas en disputa, sobre todo en bateyes como Margarita y Haití Mejía, que están casi constantemente militarizados desde que comenzó la pugna entre los grupos empresariales.
La medida de llenar estas comunidades de militares armados como quien se dirige a una guerra fue tomada por el CEA para presuntamente “evitar disturbios” luego de que, el pasado 17 de julio, se produjera un enfrentamiento por el control de unos terrenos ubicados en Mata de Palma que dejó el saldo de dos personas muertas y varias heridas.
En el hecho murieron Orlando De los Santos Santana, un sargento de la Policía Nacional de 31 años que laboraba al servicio de Constructora Castelar, y Alexis Cayetano (conocido Kiko), de 45, al servicio de la Azucarera Porvenir. Los heridos fueron identificados como Orlando Ramírez, un ex sargento de la Policía que habría recibido cuatro balazos, y Felipe Castellanos, conocido como El Gago.
Quienes atestiguaron esta tragedia narraron que el sargento al servicio del grupo Vicini-Campollo se dispuso a acatar las órdenes que tenía de expulsar del lugar a los trabajadores de la Azucarera Porvenir.
Los testimonios que trascendieron dieron cuenta de que De los Santos Santana les disparó a varios obreros que se negaban a abandonar sus labores en el campo cañero, provocándole la muerte una persona y heridas a varias. Los demás obreros fueron en defensa de sus compañeros y atacaron al sargento con armas blancas y lo golpearon con el tanque de un extractor hasta haberlo matado.
Las consecuencias de este enfrentamiento, naturalmente, fueron enormes. Los trabajadores que se enfrentaron entre sí eran personas con una relación cercana y amistosa antes de que se produjera el evento.
Este drama se puede ilustrar claramente con el caso de Felícita Rosario, de 48 años de edad. Su hijo y su nuero son dos de los cuatro obreros que fueron apresados por el caso, todos trabajadores de Azucarera Porvenir.
Su hijo y su nuero están entre los obreros que fueron apresados por el caso. La indignación que sufre ha alterado incluso las relaciones con algunos de sus vecinos o parientes que trabajan para la Constructora Castelar: No puede entender que prefieran hacer silencio cuando los periodistas los interrogan con relación al conflicto de julio pasado, por ejemplo. Les pide que hablen y los acusa de ser indolentes.
“No hablan porque tienen miedo y porque los que están presos no son hijos de ellos. El hijo mío estaba echando un día de trabajo y, porque estaba ahí, lo metieron preso. Estamos pagando los que no tenemos que ver con eso”, dice la mujer con gestos de enojo y dolor.
Como la familia de Felícita, muchas más padecen incontables amarguras ya sea porque sus parientes y amigos fallecieron, quedaron heridos o fueron apresados luego de aquel enfrentamiento.
No solo los que fueron afectados directamente sufren las consecuencias de los negocios oscuros del CEA. En sentido general, el ambiente que se vive en estas comunidades está repleto de tensiones y miedos, sobre todo por la presencia de militares al servicio del CEA que les impiden a los lugareños incluso el derecho a trasladarse libremente por algunos espacios públicos.
Esta fue, precisamente, la razón por la que el señor Carlos Manuel Zorrilla, un empleado privado que vive en Mata de Palma decidiera elevar un acto de advertencia dirigido a las autoridades del CEA y las Fuerzas Armadas con relación a la que consideran una situación irregular y brutal.
La instancia, llevada a cabo a través de la Comisión de Derechos Humanos de El Seybo, refiere que las limitaciones que imponen los militares son deleznables y bochornosas.
Así lo manifiesta también la señora Many Pérez, del batey Margarita, cuando se le pregunta sobre la presencia del cuerpo armado en su comunidad: “Lo que está pasando aquí es que nosotros no podemos caminar. Tenemos que estar trancados en el patio porque tenemos miedo de caminar. El batey todos los días está lleno de guardias. Nosotros no sabemos de qué forma está esa guardia aquí. Los muchachos no pueden andar. Tenemos que guardarlos dentro de las casas porque estamos presos. No sabemos por qué. Estamos presos”, narra la mujer.
Cuenta además que meses antes la gente vivía en calma y hasta tenía oportunidades de trabajo; pero estas ventajas se perdieron cuando fueron incendiados los campos de caña que la Azucarera Porvenir había cultivado en esa zona.
“Cuando los españoles estaban aquí, nosotros comíamos a diario. Pero desde que los sacaron de aquí… los muchachos pasando hambre… Uno come así, así, porque Dios quiere. Porque los españoles sembraron caña aquí y vinieron los Campollo a arrancar la caña y desbarataron todo el trabajo que ellos hicieron”, agrega.
También el batey Haití Mejía pasa por una situación muy similar. Un día cualquiera aparecen los militares por todos los caminos los moradores pierden sus libertades sin que se les de una explicación coherente al respecto.
Razones económicas
Los jornaleros que viven en los bateyes en disputa hacen referencia a algunas razones económicas que atizan el problema, entre los que se destaca el hecho de que los españoles ofrecen a los trabajadores mejores salarios y condiciones laborales, situación que ha obligado a los demás arrendatarios a aumentar el monto de la nómina de empleados.
Según los testimonios recorridos por este medio, Azucarera Porvenir da prioridad a los jornaleros de los bateyes en los que tiene sus cultivos, ofrece mejores salarios y fija una jornada laboral conforme con lo que estipulan las leyes dominicanas.
Abel Francois, un jornalero al servicio de Porvenir, se refirió a este punto: “Lo que pasa es que los Vicini pagaban el día entero por 200 pesos y Kalil Haché (un colono de la zona) pagaba 112 pesos por medio día y 224 por el día entero. Ahora los españoles pagan 300 pesos por día de trabajo desde las siete de la mañana hasta las tres de la tarde, y a veces sueltan hasta a las 2:30″.
Sostienen que el consorcio Vicini-Campollo y la Constructora Cautelar se vieron obligados a elevar a 300 pesos por día el pago del trabajo en los campos cañeros.
El responsable del conflicto es premiado por el Gobierno
El hombre señalado como el responsable de este conflicto, Juan Francisco Matos (Mafioso y ladrón de tierra reconocido por sus estafas y las de sus familiares y allegados, quienes forman una de las más poderosas bandas de roba tierras del país), fue destituido del CEA en agosto pasado, pero el presidente Leonel Fernández, lejos de promover que este funcionario sea investigado por la Justicia, lo premió designándolo director del Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR).
A Frank Matos le cabe el honor de haber despojado a los maestros y maestras de Los Guarícanos en Villa Mella de unos terrenos que le fueron donados por el Estado dentro de la P. N. 9 del D.C. 19 en Santo Domingo Norte donde él, sus cuñados e hijos han construido mini palacetes que los lugareños amenazan con derribar en un virtual cambio de gobierno.
Se trata de una persona con antecedentes muy cuestionados en la administración pública. Mientras estuvo al frente del CEA se caracterizó por manejar de forma oscura los bienes públicos. Fue cuestionado públicamente por incumplir la Ley de Acceso a la Información Pública y por negarse a explicar la extraña desaparición de miles de cabeza de ganado del CEA durante su administración.
No es la primera vez que este funcionario da tan malas cuentas de las instituciones a su cargo. Una auditoría de la Cámara de Cuentas reveló que durante su gestión en la Oficina de Custodia de Bienes Incautados hubo serias irregularidades en la administración de esa entidad y hasta recomendó que los principales funcionarios fueran investigados porque había “evidencia de la existencia de indicios de responsabilidad penal”.
El documento señala que es evidente que bajo la administración de Matos esa entidad tenía una seria “debilidad en los controles internos”, que violaba las disposiciones de las leyes de Función Pública y sobre Contratación Pública de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones del Estado.
Diputado Juan Hubieres y unas 30 personas heridas en enfrentamiento por desalojo
Publicado por Noticias SIN en octubre 15, 2011
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Diferentes organizaciones sociales repudian la acción en la que resultó herido el diputado y sindicalista Juan Hubieres y unas 30 personas por parte de agentes policiales en un desalojo en Los Altos Brisas del Este, municipio Santo Domingo Este.
El transporte de la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano) fue paralizado luego que el sindicalista resultara herido de perdigones en el ojo izquierdo y otras partes del cuerpo, mientras se oponía a que más de familias fueran desalojadas de la referida zona.
Pese a que el dirigente del transporte asegura que sus hombres actuaron de manera civilizada, la policía desmiente esta versión.
La acción se realizó porque eso terrenos fueron declarados por decreto como área protegida, de acuerdo a la alguacil a cargo, Juana Mariñez.
La Policía Nacional informó que también un mayor de esa institución y un empleado del ayuntamiento resultaron heridos, en tanto que el sindicalista será intervenido quirúrgicamente este domingo.
Así, las cosas, concluimos esta primera entrega de este trabajo que esperamos sirva para llamar la atención de los candidatos presidenciales que se enfrentan en esta campaña, alos fines de que tomen conciencia de que el de la tierra y la propiedad inmobiliaria es un asunto que hay que enfrentar con energía.
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